El impuesto al valor agregado (IVA) en América Latina

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Fuente: CIAT, OCDE Y CEPAL

El impuesto al valor agregado, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de las naciones ya que gravan la producción nacional, distribución, venta, y el consumo de bienes concretos, además de que es una fuente confiable y relativamente estable de recursos con escasos rezagos de recaudación    Está catalogado como un impuesto “regresivo”, al ser el consumidor final el que se ve afectado en mayor medida.

El IVA es uno de los impuestos indirectos más utilizados en los países, tanto de la Unión Europea como de Latinoamérica, comenzando a utilizarse masivamente en la región durante las décadas del 70 y 80, como fórmula fundamental del Consenso de Washington para compensar la pérdida que implicaba la reducción de impuestos al comercio internacional. Actualmente  el porcentaje aplicado varía de entre el 7 al 22 %, siendo los países con una mayor alícuota Uruguay con el 22 %, Argentina con el 21% y Brasil 20,5 %.

De acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM),  la tasa promedio de los países de la zona (incluido México), han variado muy poco, ubicándose para el 2012 en 15,2%.

De todos estos países, el caso que hay que destacar es el de Venezuela, que desde su implantación ha sufrido  siete ajustes en la tasa del gravamen, los cuales han estado relacionados más con el tema de la estabilidad de las finanzas públicas que con el tema del incentivo al consumo como por ejemplo el caso de Grecia. Recientemente ya se aprobó una nueva reforma, donde se establece que la alícuota se mantendrá en 12 % para el consumo y adicionalmente se aumentará a un 27 % para aquellos artículos considerados de lujo.

El análisis de este impuesto en Latinoamérica desde una perspectiva global es bastante complicado por las diferencias económicas y estructurales de cada uno de los países que la conforman.

Pero lo que sí es seguro, es que la evasión por concepto de informalidad, es un problema que afecta a todos los países de la región en mayor o  menor grado, dependiendo del tamaño de las economías informales, trayendo como consecuencia serias implicaciones tanto en el contexto económico general, como en las políticas públicas en particular, reflejándose esto en situaciones  como por ejemplo la una caída de los ingresos tributarios, una falta de credibilidad y  confianza en las instituciones públicas, por ultimo al no contar con unas estadísticas confiables y por el contrario aplicar unas políticas fiscales inadecuadas, puede llevar a crecimiento de las actividades informales al desplazarse tanto empresas como trabajadores desde el sector formal al informal, dificultando aún más la capacidad de los gobiernos de generar recursos.

En los países desarrollados la evasión del IVA oscila entre 5% y 15% de la recaudación potencial, mientras que en los países desarrollados la evasión supera el 30%. En los últimos años, se ha visto un movimiento tanto en los países desarrollados como en Latinoamérica, (México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina) para atacar la erosión fiscal en todos sus aspectos. Es así como en estos países, se viene observando iniciativas para la asistencia recíproca en materia de recaudación tributaria e intercambio de información; sin embargo,  la presencia de Venezuela en este frente es invisible, perdiéndose la posibilidad de compartir y revisar lo que otros países de la región vienen haciendo en esta materia de una manera coordinada. Independiente de su interés a nivel internacional, en los últimos años a través del Seniat, a intentado reducir la evasión, a través de su programa Evasión 0”, sin embargo, considero que para que alcance sus metas en un 100 %, debe trabajar en conjunto con el resto de las medidas económicas fiscales y monetarias, porque de lo contrario mientras siga aumentando la informalidad en el país y sigan las trabas administrativas gubernamentales, no va alcanzar las metas  de recaudación.

 

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